La metáfora de “el gran ojo que todo lo ve” está cobrando fuerza últimamente a ambos lados del Atlántico, sobre todo si hay ordenadores de por medio. En Gran Bretaña han preparado un proyecto de ley que sigue los pasos del gobierno francés para dejar sin conexión a quienes comparten música en Internet. Mientras, en Estados Unidos han añadido una nueva medida en los controles de seguridad en aeropuertos, que permite a los agentes de aduanas acceder a cualquier aparato electrónico que llevemos encima e incluso copiar todo su contenido para revisarlo.

El caso británico es casi calcado del francés, y tiene como protagonista la música protegida por derechos de autor y las redes de intercambio p2p. Si las autoridades detectan que alguien descarga canciones protegidas con programas como eMule, dicho usuario recibiría un aviso para que deje de hacerlo. Si reincidiese, se le cortaría la conexión temporalmente. A la tercera, la perdería de por vida. De estas suspensiones tendrían que encargarse las empresas proveedoras de servicios de Internet, que podrían ser perseguidas legalmente si no colaboran, según algunos medios británicos.
Esto choca frontalmente con una de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como vimos hace poco. Desde Bruselas afirman que los proveedores de Internet no están obligados a participar en semejante atropello de la industria discográfica (una industria incapaz de buscar nuevas formas de distribución distintas al decadente disco óptico). Nosotros pensamos que los esfuerzos deberían enfocarse a mejorar el estado de la banda ancha, que en países como España da para varias tiras cómicas (unas pocas menos que las que darían de sí la SGAE y su canon digital).

En cuanto a Estados Unidos, la noticia viene a alimentar todavía más la polémica en torno a los controles de seguridad en los aeropuertos, especialmente pesados y meticulosos en dicho país. Al entrar en él, según esta noticia de la CNN recogida en therawstory con vídeo incluido, podrán revisarnos el portátil, el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico. Podrán acceder a nuestros documentos personales y confidenciales: archivos de texto, pdf, agenda, correo electrónico, fotos, música, registros bancarios… absolutamente todo.

Y podrán copiarlo y almacenarlo todo para su posterior revisión. Las autoridades afirman que no es para tanto, que las revisiones se llevan a cabo con criterio, para prevenir la entrada en el país de delincuentes y tener pruebas para actuar contra ellos de antemano. Y gracias a ese criterio, uno de los primeros afectados ha sido un ejecutivo estadounidense de origen pakistaní. Sus rasgos físicos lo delataron claramente como un presunto terrorista, y por ello los agentes pudieron hurgar libremente entre documentos que contenían datos internos de su empresa. Lo mismo de siempre.

Ante noticias como ésta, las faltas de respeto al derecho a la intimidad por parte de programas del corazón se queda en un juego de niños. ¿Se imaginan a Mortadelo y Filemón revisando portátiles en el aeropuerto de Barajas para acabar con la paciencia y el espíritu de los viajeros?

Se diría que el espíritu de las dictaduras se está asomando tímidamente por la esquina (como ha ocurrido históricamente en todo el mundo al principio de una involución). Es otro Gran Hermano que quiere “velar por nuestros intereses” poniéndonos un microscopio en el culo. Es la sombra de Franco, Hitler y Musolini que vuelven juntos para arrebatarnos de nuevo las libertades individuales, el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia. No hay que olvidar esto. Estamos viendo sólo la punta del iceberg. Debajo está la inquisición intentando emerger a la superficie.

Los que usen programas como eMule o BiTorrent en el Reino Unido (y son más de seis millones) pueden tener los días contados. El cerco que está construyendo en torno a ellos la industria discográfica y las entidades de gestión de derechos es ya asfixiante. El último capítulo de esta guerra a muerte contra los usuarios de programas de intercambio de archivos p2p (peer to peer) ha sido la carta remitida por British Phonographic Industry (BPI) a los proveedores de acceso a Internet (ISP) conminándoles a que si en 14 días no toman medidas contra los clientes que realizan descargas masivas emprenderá acciones legales.

La BPI, la asociación de gestión de derechos más importante del Reino Unido y que defiende los intereses de la industria discográfica, señala que las compañías de acceso a Internet tienen que empezar a tomarse en serio el problema de las descargas “ilegales”, y que su misiva sólo trata de a concienciar a las ISP.

La BPI quiere que se aplique el llamado modelo de los tres-strikes, que permite la legislación británica: primero el ISP avisa al infractor que realiza descargas p2p; luego se le interrumpe la conexión temporalmente si no hace caso a los avisos, y por último se le desengancha de la red definitivamente.

Las ISP británicas están divididas a propósito de esta legislación. Tiscali, que cuenta con 3,5 millones de clientes, accedió en un principio a las demandas de las asociaciones de gestión de derechos. El pasado verano desconectó a 24 clientes que utilizaban programas de intercambio de archivos para bajarse canciones. Pero tras la avalancha de quejas y la amenaza de muchos de sus clientes de que se iban a dar de baja, cambió su política y no volvió a remitir avisos. Virgin Media reconoció la semana pasada que estaba en negociaciones con las asociaciones de gestión de derechos para aplicar algún tipo de control sobre los usuarios de p2p.

Sin embargo, la más beligerante ha sido Talk Talk, el tercer ISP británico. Su consejero delegado, Charles Dunstone, quien, tras calificar de “grosera” la misiva de la BPI, ha advertido que “nadie le va a decir a nuestros clientes lo que tienen que hacer y lo que no”.Dunstone considera que la industria discográfica quiere cargar a las telecomunicaciones el fracaso de su política a la hora de adaptarse a los nuevos formatos digitales y la revolución que ha supuesto Internet para los contenidos audiovisuales.

La legislación británica no reconoce, como sí lo hacen la de España y Francia, el derecho a la copia privada, por lo que no hay ningún tipo de canon compensatorio. La BPI, que actúa como la Sociedad General de Autores (SGAE) española, quiere crear una red de agentes para detectar los IP (el número de identificación de cada conexión) desde los que se realizan las descargas masivas y avisar al ISP, que se encargaría de advertir a su cliente para que cese su actividad.

En España, las entidades de gestión quieren que se aplique un modelo similar de vigilancia y corte de suministro, aunque, por el momento, sin éxito. De hecho, intentaron introducir un articulo (el famoso 17 bis) en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información, pero los grupos parlamentarios rechazaron sus pretensiones. En España, no es delito las descargas siempre que no tengan un fin lucrativo (top manta, venta pirata, distribución por Internet previo pago, etcétera), según una instrucción de la Fiscalía General del Estado.

La UE trabaja en la armonización de las legislaciones acerca del p2p pero, por ahora, no hay ni siquiera un principio de acuerdo entre los miembros sobre el calendario de trabajo y, menos aún, un borrador sobre la regulación. El único país del mundo en el que se persiguen las descargas por p2p es Japón, aunque muchos de los expedientes resueltos en las vías administrativas han acabado en los tribunales.

Esta es la noticia que daba el periodico digital elpais.

Asi pues, por no saltarme nada y cambair palabras que puedan llevar a mal entendidos, la copio y pego literalmente. Esta noticia es del 5 de Abril, de hace unos dias, pero creo que es interesante mencionarla debido a que las cosas cada dia van por donde quieren.

Aqui en España, las SGAE se quieren enriquecer a costa de los usuarios de calle, y mientras tanto, hay autores que ganan una pasta vendiendo sus creaciones por internet, pero la sociedad esta asquerosa no recibe un puto duro. Ven que empiezan a perder terreno y nos ponen canones hasta para dormir.

En España estan estudiando como meter mano ataves de las operadores de internet, pero la verda que lo tienen crudo, y si se ponen tontos, los usuarios de calle, que haremos, pues muy sencillo, cambiarnos a otra operadora que no nos de estos problemas. Que pasara con esto, que las operadoras mandaran a tomar por…. a las SGAE porque pierden clientes, y no pocos, sino que los perdran todos. Asi que de momento, ese punto lo tenemos a favor, y puede venirnos de lujo. Ya no peligran los intereses de las SGAE, sino de las propias compañias de adsl, es mas, que pasara con las grandes, porque algo tendran que decir.

Saludos